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UNA LEY PARA QUE EL SERVICIO SOCIAL NO SEA REQUISITO PARA TITULARSE


En el marco del inicio del nuevo período ordinario de Sesiones en el Senado de la República, el legislador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que la agenda “estará llena de temas relevantes para México y Yucatán”.

Entre estos, adelantó que será prioridad para él, que su iniciativa en torno a eliminar el Servicio Social como trámite para la titulación sea una realidad, ya que los jóvenes enfrentan problemas de inseguridad que ponen en riesgo su vida o su integridad física, tales como acoso sexual, discriminación o presencia de crimen organizado en los lugares a los que se les envía.

“No podemos seguir arriesgando a nuestros jóvenes como lo estamos haciendo, tenemos esta desigualdad como es el caso de Yucatán, particularmente en medicina, no puede seguirse prestando igual el Servicio Social, no pueden agarrarse a los egresados de medicina como si fueran ya doctores y ponerlos a hacer las tareas que nos les corresponden, no los pueden tratar como esclavos, en otras palabras”, enfatizó el Senador.

Este cambio vendría a significar mejores condiciones para todos los jóvenes que cursan una licenciatura, pero principalmente para los estudiantes de medicina, quienes por cumplir con el trámite son enviados a comunidades lejanas a sus casas, en centros de salud sin condiciones ni para la realización de su trabajo ni para garantizar su seguridad, así como los riesgos que sufren durante dichas estancias.

En la exposición de motivos, Ramírez Marín da cuenta de que uno de cada cuatro estudiantes de medicina ha manifestado que su vida corrió peligro en algún momento, mientras que uno de cada diez señaló una tentativa de acoso o violencia sexual, durante la realización de servicio social.

“De acuerdo al Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior (PUEES) en el artículo “Peligros y dilemas del servicio social médico en México”, la UNAM afirma que dos pasantes de medicina mueren cada año en promedio haciendo su servicio social, y se menciona que el riesgo es grave porque no existe una cifra confiable de las agresiones y violaciones en desempeño de sus funciones, en especial en el caso de las mujeres que van a zonas aisladas del país para cumplir el requisito que les permita titularse”, detalla el documento

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